(Articulo publicado en el Diario Vanguardia, escrito el 2 de agosto del 2017)
El trabajo de investigación realizado por ABC Color está generando dolor de cabeza al Presidente Horacio Cartes y a su primer anillo. La nueva crisis palaciega es una clara demostración del poder que tienen los “Horacio Boys” en el gobierno.
El cruce de
llamadas de uno de los más importantes “hombres del presidente” -como es el
caso del Sr. José Ortiz con el Excomandante de la Policía Nacional Críspulo
Sotelo antes, durante y después del atropello criminal a la sede del Partido
Liberal Radical Auténtico (PLRA), en la noche del 31 de marzo pasado- nos da la
pauta de que hay un “gobierno en las sombras” y que tiene, igual o más poder,
que el propio presidente de la República. Si bien estos “asesores ad honórem”
no cobran salario del Estado, aparecen como “gestores altruistas de las
políticas de gobierno”.
Recordemos
que "un asesor presidencial maneja información sensible del mercado cambiario, impuestos
o planes económicos a ser aprobados, licitaciones o concursos a ser llamados
por la función pública y ministerios o estrategias de seguridad nacional,
policial o militar, para prevenir o combatir la delincuencia". Esto, los
convierte en actores favorecidos en el contexto de la realidad política,
económica y social. "Tener éstos datos a su alcance, no sólo es una ventaja competitiva, es un poder real
incalculable."
Acceder a
información privilegiada, o contacto con sectores y actores políticos, comerciales
e incluso de organismos de seguridad, siempre dará una ventaja en una sociedad
donde las leyes son aplicadas a los enemigos y en beneficio de sus intereses
particulares o del gobierno.
Algunos de "los delitos que se pueden cometer desde esta posición van desde liberar a sus empresas de determinados impuestos, evitar situaciones de fiscalización que comprometan a sus negocios, influenciar en la aplicación de medidas restrictivas a sectores vinculados, informar e informarse de acciones de los organismos de seguridad para los controles fronterizos e incluso, manipular instituciones del gobierno, en beneficio propio, invocando su calidad de “asesor presidencial”. Esto sin contar el “tráfico de influencia” mediante sobornos".
Cualquier
individuo, dentro o fuera de la administración del estado debe saber que, no
puede tomarse atribuciones como las que toman los “hombres del presidente”. No
es lo mismo manejar el Estado que manejar empresas privadas. "La influencia de
personas más afines a sus propios intereses económicos, que a los verdaderos problemas sociales que se
gestionan en los espacios de gobierno es un mal que no puede permitirse. La
presencia de estos gerentes de empresas privadas confirma el peligro que supone
para un estado democrático".
Desde lejos se ve el conflicto de intereses, entre los asesores del gobierno y las
políticas de estado. Siempre el razonamiento de un individuo siempre se verá
afectado por sus intereses particulares y considerará de menor importancia el
interés general. "Debería estar prohibido que personas, directivos o
propietarios de empresas, tengan injerencia, manejando instituciones, indicando
o aprobando acciones políticas o de seguridad". El manejo discrecional del
estado a través de hombres, capacitados o no, pero con fuerte influencia en la
política nacional, para todos los empresarios en general y especialmente, para
el ciudadano común.
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