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jueves, 24 de noviembre de 2022

MANIPULACIÓN DE MASAS

Por Damián Cabrera

    Las manifestaciones de la extrema derecha y de grupos religiosos fundamentalistas contra el proyecto de Transformación Educativa en Paraguay se expresan en medios digitales y también en el espacio público como un fenómeno de masas. Estos manifestantes denuncian que la amenaza implícita en el proyecto radicaría en la ampliación de derechos para personas LGBTQ+ -concebida por ellos como una degradación moral de la sociedad-, y la vulneración de la institución familiar y, en particular, de la patria potestad sobre los niños. Pero una lectura del documento en cuestión, así como la identificación de los sectores políticos -y los grupos económicos de poder a quienes representan-, permite observar incongruencias, y ofrece elementos para la interpretación de este fenómeno como una estrategia de manipulación de masas, cuyas condiciones de posibilidad son la crisis del sistema político y económico.

El fascismo es el botón de emergencia del capitalismo, una herramienta que es empleada en los momentos de crisis de la economía como de los sistemas que lo sostienen, incluyendo el aparato de Estado. Cuando un aspecto de este complejo se desestabiliza y se produce un descontento ciudadano, los sectores de poder que podrían verse amenazados por una eventual organización popular emplean estrategias de manipulación de masas para desviar la atención de la gente y desmovilizar. En el caso de Paraguay, la crisis radica en la desacreditación de los partidos que representan a la extrema derecha en Paraguay: El Partido Colorado (ANR: Asociación Nacional Republicana) y el Partido Patria Querida, junto con algunos movimientos y asociaciones menores extremadamente conservadores. Estos partidos, a su vez, responden a intereses de clase: la burguesía y el empresariado de gran escala que necesita del Estado para la propagación ilimitada de sus inversiones, y la explotación de recursos naturales y de la clase trabajadora: única forma de hacer que su inversión sea redituable.


La primera estrategia implementada es el diferimiento: frente a las campañas de desacreditación, especialmente de la ANR con la campaña ANR Nunca Más, los sectores de poder buscan en el conservadurismo de la sociedad algún elemento que podría ser instrumentalizado política y electoralmente para mantener el statu quo. El pueblo, idealizado ocasionalmente como una entidad con cualidades casi abstractas, en lo concreto posee múltiples contradicciones: y una de ellas es la existencia de un conservadurismo que también se expresa en la opresión de ciertos sectores de la sociedad. En un país con tradición autoritaria, machista, misógina y homofóbica, las víctimas elegidas por los sectores de poder para ser demonizadas como el enemigo son las personas LGBTQ+.


El miedo a las identidades de género y las orientaciones sexuales no hegemónicas posee una tradición en Paraguay que alcanzó grados de terror, abuso y genocidio. El conocido caso 108, ocurrido al final de la década del 50 del siglo XX, constituyó un acto criminal de terrorismo de Estado que persiguió, detuvo y torturó a cientos de personas, para las cuales se decretó, además, la muerte social, por medio de la divulgación de sus identidades (por parte del entonces Comité de Padres por el Saneamiento Moral de la Sociedad). El punto de partida de esta persecusión fue el asesinato de un periodista, Bernardo Aranda, que nunca fue resuelto por la justicia. El episodio tuvo réplicas, alcanzando a miles de personas detenidas arbitrariamente, torturadas, violadas y mutiladas. Los crímenes de odio contra personas homosexuales siguieron siendo caratulados, incluso en democracia, como “crímenes pasionales”, y quienes se han llevado la peor parte son las personas trans, especialmente las travestis (entre 1989 y 2013 hubo 53 asesinatos que no fueron investigados y quedaron impunes). El Estado revela así su incapacidad de ofrecer justicia para un sector de la población, históricamente subalternizado. Todas estas violaciones a los Derechos Humanos no han tenido eco en la empatía de sectores mayoritarios de la sociedad, acaso por miedo a ser identificados con los grupos vulnerables y correr similar suerte. Hay que agregar que en términos de identidades de género, los derechos civiles y políticos de las mujeres estuvieron proscritos hasta 1961, y el reconocimiento de dichos derechos supuso largas décadas de lucha. 


Quizás este mismo miedo a la violación de Derechos Humanos haya enfatizado el miedo a la diferencia al interior de las familias, y aquél episodio de décadas anteriores todavía sostiene las bases instrumentales para acciones políticas del presente, reflotadas cada cierto tiempo.


La política represiva de la dictadura se basaba en un discurso de oposición a la infiltración foránea. El fascismo, por lo general, exacerba un nacionalismo chauvinista que fabrica un miedo contra lo foráneo, lo extranjero, a veces con expresiones racistas. Tanto durante la dictadura como en la actualidad, se describen las disidencias sexuales -en particular la homosexualidad y las subjetividades trans- como una moda foránea, ignorando la naturaleza psicológica, social y biológica de estas expresiones y conductas humanas, así como de la silente historia de colectivos que poseen tradición propia de vida y resistencia.


La crisis actual de los sectores de poder necesita que las masas, desposeídas y enojadas, se identifiquen emocionalmente con los intereses económicos y políticos de la élite. Por eso, se centran en la niñez: no sólo en la amenaza del abuso de los niños, sino en la posibilidad de que los padres no puedan protegerlos de estos abusos. Así, se instala el slogan “Con los niños no”, que básicamente invoca la imagen de la pedofilia, sugiriendo que los grupos demonizados pretenderían abusar sexualmente de los niños. Por otro lado, se invoca la falsa idea de que la imposibilidad de excluir de los programas educativos contenidos que reconozcan la existencia de los grupos demonizados, o que los dignifiquen, constituiría la eliminación del derecho de los padres a decidir sobre sus hijos, y asimismo la posibilidad de que sus propios hijos se identifiquen, cambien sus actitudes respecto al grupo subalterno demonizado  o devengan parte de él.


Las personas LGBTQ+ son víctimas de discriminación y exclusión del sistema de educativo, laboral, de la salud, y son tradicionalmente exiliadas de la experiencia familiar: expulasadas de sus casas, muchas personas se vuelven migrantes en la adolescencia, y son expuestas a tratos degradantes, a la violencia, el abuso, la prostitución; o, con suerte, a un trabajo en condiciones precarias. Quizás no regresen a tener contacto con sus familias, o sean contactadas, luego de haber sido expulsadas, para hacerse responsables de las labores de cuidado o manutención de otros miembros de la familia.


Por eso, es posible que estas cuestiones constituyan una preocupación genuina de padres de familia, por las consecuencias descritas de la violencia social y estatal hacia las personas LGBTQ+.


Aprovechando esta preocupación, la manipulación de masas ejecutada por los sectores de poder inventa un problema y ofrece una supuesta solución, que movilice el descontento popular y que pueda ser capitalizado en una situación de crisis, que en este momento tiene expresiones electorales. La crisis implica la posibilidad de que el Partido Colorado y sus aliados conservadores pierdan poder, en contextos en que se tornan evidentes sus actos de corrupción, acaparamiento del Estado y favorecimiento de sectores criminales, depredadores y explotadores de la clase trabajadora.


El llamado a defender la propiedad privada no es gratuito en este contexto. La derecha extrema siempre insta a defender la propiedad privada, que en Paraguay fue conformada en condiciones desiguales que excluyó a comunidades campesinas tradicionales e indígenas en tanto sujetos de derecho. Esta propiedad que en el Paraguay fue incluso ilegal, con el otorgamiento irregular de tierras a sectores próximos a la dictadura stronista: las llamadas tierras malhabidas. Incluso los ocupantes ancestrales de aquellas tierras son calificados como invasores en estos casos. 


Acaso, para buscar empatía, se establece una analogía no enunciada entre el derecho absoluto a la propiedad privada y el derecho absoluto a la patria potestad sobre los niños. Porque, de hecho, para la burguesía, la propiedad privada también incluye a las personas: si no se trata de esclavos, se trata de los empleados, se trata de la pareja, se trata de los hijos. Pero hay que recordar un detalle: la casa propia, los bienes propios, no son propiedad privada. La propiedad privada es sólo aquella que garantiza el monopolio de los medios de producción, que, en Paraguay serían los grandes latifundios. Nadie va a invadir o no debería invadir la propiedad de un trabajador.


La manipulación de la imagen de la niñez es enfatizada por una infantilización de la política. El discurso político se empobrece, y se comienza a hablar al electorado con tono infantil o tonto. Los propios políticos se infantilizan, y de pronto nos encontramos con nombres en diminutivo o apodos de orden doméstico. Esta estrategia hace que, por sugestión, el mensaje apele al inconsciente individual y colectivo, promoviendo una respuesta psicológica más emocional.


Toda la argumentación de la extrema derecha bajo el régimen fascista apela excesivamente a la emoción, al grito, al exabrupto, al llanto, al lamento. Esta tendencia hace que se privilegian, pues, las expresiones emocionales en lugar de las racionales y lógicas, o la exposición de evidencias y respaldos en una discusión. Se hace así, de la política, un gesto catártico y desinformado.


Y la desinformación es importante, porque sólo una sociedad informada tendrá las herramientas para combatir la manipulación. Por eso, el sector de poder, en alianza incluso con la justicia, busca descalificar a los medios de prensa y el trabajo periodístico profesional, e, incluso, persigue a los trabajadores de prensa. Los propios políticos y activistas de la extrema derecha devienen generadores de contenido, según ellos los únicos fiables, alienando a la ciudadanía e impidiendo que puedan formar opiniones propias con base en información diversa. Esto sin mencionar que, además, estos formadores de opinión, antiintelectuales y promotores de una soberbia de la ignorancia, ponen en circulación contenido falso (fake news) y descontextualizado.


El antiintelectualismo es una de las herramientas del fascismo. Acusados de “intelectuales progres”, quienes defienden argumentadamente los Derechos Humanos son ridiculizados, y llamados incluso a empobrecer el debate público, o, simplemente, a no participar de él. Por eso, además, el Plan de Transformación Educativa constituye un programa importante contra el cual oponerse, puesto que una mayor inversión en la educación podría implicar en la profesionalización del trabajo docente, la generación de infraestructuras en que la educación posea mejores condiciones y, en suma, el mejoramiento general de la formación de la ciudadanía.


UN CONSEJO: Es muy duro recibir la acusación de estar siendo manipulado ideológicamente, y la primera reacción parecería responder que quizás el acusador es quien está siendo manipulado realmente. Este tipo de confrontación no lleva a ningún tipo de solución, sobre todo en contextos con poca apertura para el diálogo. Pero es importante, para todos los sectores, que se busque información diversa y, de ser posible, profesional. No quedarse con un solo contenido o medio, y menos si este posee fuentes dudosas. Identificar las herramientas de manipulación de masas es un trabajo constante, y tiene que ser ejercitado por personas de todas las orientaciones ideológicas. Algunas preguntas ayudan: ¿Están desviando mi atención de un tema que realmente es más importante? ¿Están tratándome como si yo fuera un niño, infantilizando el discurso e infantilizándose? ¿Están buscando que yo reaccione de forma emocional o racional? ¿Hablan de la niñez porque les importa o porque quieren algo cambio: votos, apoyo político? ¿Están buscando que yo me identifique con intereses que en el fondo me pueden perjudicar?


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